Los proceso judiciales llevados adelante por las diversas violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco del genocidio ocurrido durante la ùlitma dictadura cívico-militar en Argentina, comenzaron a agilizarse a partir del 2006, luego de estar paralizados durante toda la década del `90 debido a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas a finales de los `80; y a los indultos realizados por el ex presidente Menem.
