A partir de los años 90, en Argentina, el término escrache adquirió una acepción particular para referenciar manifestaciones contra un persona pública, en frente de su domicilio, o algún lugar público donde asista la persona denunciada, con el objetivo de acusarla por realizar algún delito o acto de corrupción.
Bajo el lema de "hacer justicia" ante la incompetencia del Poder Judicial, esta práctica se sostuvo gracias a los medios de comunicación. La televisión comenzó a efectuar juicios condenatorios antes que la justicia, al asociarse a una causa justa la sociedad no discutió el rol de los escraches como dispositivo colectivo de castigo.
Las redes sociales reconfiguran ésta práctica por la rápida proliferación de la información. La mayoría de la gente no chequea las fuentes antes de replicar una publicación. En las RRSS existe la obligación de responder, opinar y posicionarse para no quedar como un tibio.
El acusado, muchas veces, termina con un condena social sin tener un sentencia por parte de la Justicia. El escrache se torna como un dispositivo de venganza o simplemente como una herramienta para difamar la imagen de una persona.
El acusado puede recurrir a la Justicia para revindicar su imagen, utilizando el recurso de calumnias e injurias. Sin embargo, la gran mayoría de las causas no avanzan. La legislación actual requiere una actualización para no quedar obsoleta ante los delitos comunes perpetrados mediante internet.
Esta metodología condenatoria también incursiona en el ámbito de la política, lesionando nuestro sistema democrático. Las denominadas "fake news", son generadas intencionalmente para destruir la imagen de un determinado candidato.
El escrache es válido únicamente si puede sostenerse en una instancia judicial o administrativa.
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